Comisión Permanente de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables habrá
de valorar la iniciativa, toda vez que contiene aspectos valiosos, señaló la
diputada Ortega Ruiz.
La vocal de la Comisión Permanente de Derechos
Humanos y Atención a Grupos Vulnerables del Congreso de Veracruz, diputada
Montserrat Ortega Ruiz participó en la conferencia de prensa con representantes
de organizaciones civiles, encabezados por la presidenta de la organización
“Recapacidad y Libertad” Kenia Gisell Muñiz Cabrera, en donde se solicitó a la
LXV Legislatura retomar la iniciativa relativa a la creación del Instituto para
los Derechos y la Inclusión de las Personas con Discapacidad. La legisladora anunció que, en conjunto con las
diputadas Brianda Kristel Hernández Topete y Deisy Juan Antonio, presidenta y
secretaria, respectivamente, de la Comisión Permanente de Derechos Humanos y
Atención a Grupos Vulnerables, revisarán el estado que guarda la iniciativa
antes mencionada, toda vez que contiene aspectos valiosos y avances
significativos que son de gran beneficio para las personas con discapacidad. Señaló que habrá apertura para escuchar a las
asociaciones interesadas y revisar, minuciosamente, los temas que podrían
incorporarse, tal como recibir propuestas sobre la persona que podría presidir
el Instituto, a fin de establecer que sea quien esté inmiscuido en temas de
inclusión y discapacidad. “Es un tema muy sensible y sé que habrá mucha
disposición para trabajar coordinadamente con las asociaciones y así lograr un
dictamen que beneficie a este sector de la población”, abundó.
Además de la participación de Kenia Gisell Muñiz
Cabrera, premio estatal a la Juventud 2018, también asistieron los integrantes
del Comité Pro Iniciativa, Marcela Bautista, Aarón Madrigal Alcocer, Julio
Méndez Vázquez, Demetrio de Jesús Mendoza Marcial y Guadalupe Hernández Tejeda,
así como la directora de la Asociación “Recapacidad y Libertad”, Gema Cabrera,
quienes coincidieron que la creación del Instituto para los Derechos y la Inclusión
servirá para garantizar a las personas con discapacidad el desarrollo y pleno
ejercicio de sus derechos.