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La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, rechazó que el llamado Plan B de la reforma electoral contemple una reducción del presupuesto destinado a los estados, y aseguró que la propuesta busca eliminar privilegios en los órganos legislativos y redirigir recursos a municipios y entidades.

Durante su conferencia matutina, la mandataria explicó que los cambios planteados se enfocan en reducir gastos en congresos estatales, en el Senado y en el número de regidores, con el objetivo de que esos recursos se utilicen en beneficio directo de la población.

“Lo que se busca es disminuir privilegios y que ese dinero se quede en los municipios y estados, no que se vaya a la federación”, afirmó.

Sheinbaum también señaló que su gobierno analiza la posibilidad de trasladar a 2028 la elección judicial y el ejercicio de revocación de mandato, debido a los costos y a la complejidad que implicaría realizarlos en 2027, cuando coincidirían con elecciones federales y locales.

Advirtió que en ese escenario los ciudadanos podrían enfrentar un número elevado de boletas durante la jornada electoral, lo que complicaría la organización del proceso.

La presidenta indicó que su administración espera además la opinión del Instituto Nacional Electoral para determinar si conviene presentar formalmente una propuesta para aplazar la segunda etapa de la elección judicial.

Respecto al avance del Plan B, la mandataria reconoció que su aprobación aún está en proceso de discusión y dependerá del respaldo legislativo.

“Vamos a ver. Hay temas que para nosotros son de principios e indispensables, esperamos que se apruebe, pero hay que esperar”, señaló.

Sheinbaum recordó que desde el inicio de la iniciativa sabía que algunos partidos aliados podrían no respaldarla, mientras que la oposición —integrada por PRI, PAN y Movimiento Ciudadano— también se había manifestado en contra. No obstante, sostuvo que decidió mantener la propuesta original por el compromiso que asumió con la ciudadanía.

En ese sentido, afirmó que el debate permitirá que la población identifique qué partidos respaldan o rechazan la reforma.

La mandataria también cuestionó la difusión de mantas en Oaxaca en las que militantes de Morena exhibieron a legisladores del PT y del Partido Verde que votaron contra la iniciativa, al considerar que esa práctica no es adecuada.

“No está bien, no creo que sea algo correcto. El pueblo de México sabe quién votó a favor y quién en contra”, expresó.

Finalmente, Sheinbaum reiteró que la reducción de gastos en los órganos legislativos permitiría destinar más recursos a obras públicas municipales, como pavimentación, drenaje y suministro de agua potable.

Como ejemplo, mencionó que en Baja California el costo anual por diputado local alcanza 38 millones de pesos, mientras que en Colima ronda los cinco millones, lo que evidencia —dijo— la necesidad de revisar el uso del presupuesto público para orientarlo a necesidades sociales, especialmente en municipios con altos niveles de pobreza como San Quintín.