La LXVI Legislatura recibió la iniciativa con proyecto de decreto, enviada por el gobernador Cuitláhuac García Jiménez, por la cual se autoriza a los 212 municipios del estado de Veracruz para que, por conducto de funcionarios legalmente facultados, gestionen y contraten créditos con cualquier institución integrante del Sistema Financiero Mexicano.
En su planteamiento, el titular del Ejecutivo estatal señala que la contratación de dichos financiamientos afectaría como fuente de pago el 25 por ciento anual del derecho a recibir y los ingresos que les correspondan del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), hasta por los montos que establezcan en cada caso.
Para ello, deberán considerar que las instituciones financieras ofrezcan las mejores condiciones del mercado, uno o varios financiamientos, tasa fija, hasta por el monto establecido para cada uno de los municipios, de acuerdo con el análisis de la capacidad de pago, el destino que dará a dichos recursos, términos, condiciones y características en el financiamiento y de la fuente de pago.
La iniciativa reconoce también que cada municipio podrá contratar uno o más financiamientos durante los ejercicios fiscales 2022 y 2023, pero en cualquier caso deberán pagarse en su totalidad en un plazo que no exceda el término de la administración municipal que lo contrate, es decir, a más tardar, el 31 de diciembre de 2025, siendo deuda pública las obligaciones que deriven del mismo.
El objetivo de este proyecto de decreto, expone el documento, es procurar el mayor beneficio para la población, propiciando obras y acciones que impulsen el desarrollo de los municipios y del estado, alentando inversiones que permitan a las familias vivir en un ambiente digno y saludable.
Para su estudio y dictamen, la iniciativa fue turnada a la Comisión Permanente de Hacienda del Estado.
En su planteamiento, el titular del Ejecutivo estatal señala que la contratación de dichos financiamientos afectaría como fuente de pago el 25 por ciento anual del derecho a recibir y los ingresos que les correspondan del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), hasta por los montos que establezcan en cada caso.
Para ello, deberán considerar que las instituciones financieras ofrezcan las mejores condiciones del mercado, uno o varios financiamientos, tasa fija, hasta por el monto establecido para cada uno de los municipios, de acuerdo con el análisis de la capacidad de pago, el destino que dará a dichos recursos, términos, condiciones y características en el financiamiento y de la fuente de pago.
La iniciativa reconoce también que cada municipio podrá contratar uno o más financiamientos durante los ejercicios fiscales 2022 y 2023, pero en cualquier caso deberán pagarse en su totalidad en un plazo que no exceda el término de la administración municipal que lo contrate, es decir, a más tardar, el 31 de diciembre de 2025, siendo deuda pública las obligaciones que deriven del mismo.
El objetivo de este proyecto de decreto, expone el documento, es procurar el mayor beneficio para la población, propiciando obras y acciones que impulsen el desarrollo de los municipios y del estado, alentando inversiones que permitan a las familias vivir en un ambiente digno y saludable.
Para su estudio y dictamen, la iniciativa fue turnada a la Comisión Permanente de Hacienda del Estado.